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Seguros necesitan más prevención ante estafas, fraudes o blanqueo de capitales

25-06-2015

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Mitigar el riesgo en la actividad aseguradora representa el gran desafío para los agentes reguladores en tiempos de poca previsión, señaló el ponente venezolano Alonso Brito en el marco de la XI Conferencia Anti lavado, Riesgo y Fraude que se llevó a cabo en la ciudad de Caracas.

 

En su intervención sobre “La Debida Diligencia para la Prevención del Fraude, Corrupción y Lavado de Dinero, argumentó que “los agentes externos a las empresas cometen los fraudes teniendo como cómplices a personas internas de dichas compañías”.

 

Sin embargo, existen otros elementos subyacentes al fraude en la actividad aseguradora, tales como: declaraciones falsas, uso de identidades ficticias y actividades económicas simuladas.

 

En Venezuela, están registradas 48 empresas de seguros más 13 cooperativas, conformes a la Ley de la Actividad Aseguradora.

 

“El artículo 3 de la norma establece la participación popular como sujetos regulados, algo realmente novedoso, pero que igualmente aumenta el riesgo y la previsión”, recalcó el jurista Brito.

 

El principal riesgo que enfrentan las empresas de seguros, según el conferencista, es la poca obligación que existe para conocer al cliente.

 

“Todos los problemas existentes en el área apuntan que un tema fundamental es el desconocimiento de los clientes, debido a que su relación es directamente con los intermediarios”, sostuvo.

 

Además agregó que la inseguridad se profundiza por la gama de productos que se pueden ofrecer, por la diversificación de los participantes, la despersonalización de los negocios y por el mercado denominado ciego.

 

De igual forma, el fraude de las “empresas de maletín” en la actividad se hace ineludible por la falta de datos que se tienen de los accionistas de las empresas, y el precario control de sus movimientos, aumentado de esta forma el riesgo.

“Es como aquello que no se ha visto, acciona y se oculta, y esto a veces se hace inevitable”, subrayó.

 

Ante este escenario tendencioso, la propuesta inherente sería la creación de una administración eficiente contra el riesgo y corrupción de las empresas, “donde se pueda diseñar un programa anticorrupción integral, verdaderos controles tecnológicos y humanos, direccionar el monitoreo hacia la clasificación de los clientes y un reporte a tiempo de las actividades”, manifestó Brito.

 

Sumado a ello, la actividad aseguradora debe planificar una gestión de riesgo encadenada en la participación de las respectivas juntas directivas, en la ampliación de la plataforma tecnológica y en la colocación de reglas claras  a través de la implementación de políticas.

 

Control de los intermediarios

 

La providencia proclama “que la responsabilidad es compartida, y esto abarca a los intermediarios en la actividad”, afirmó Brito.

El año pasado, señaló el ponente, se registraron 43 casos de fraude en las aseguradoras, cinco más que en el 2013.

“Varios de estos hechos están relacionados a los intermediarios, por ello la ley establece que deben presentar cada 30 días una declaración jurada de patrimonio”.

 

Durante dos días de amplias disertaciones, los ponentes insistieron que las actividades financieras son proclives a flagelos altamente organizados, por ello la debilidad institucional es notable si no se trabaja en la obtención de los datos,  en la publicación de los fraudes por parte de las empresas y en la previsión de los hechos utilizando la  tecnología.

 

TuSeguro.com con información de MacroEconimia.com

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